Clara Luz Almonte Gómez rechazó la solicitud por considerarla extemporánea, “pues no se trata del momento procesal para tal solicitud”.
Indica que en su decisión que “siempre y cuando se haya intimado al Ministerio Público y haya expirado el plazo de los diez días consagrado en el articulo 151 del Código Procesal Penal” entonces si procedía solicitar la extinción de la acción penal.
Peláez y Dauhajre sostienen que están presos desde el 6 de septiembre del 2009 y que llevan ocho meses tras las rejas sin que la Fiscalía del Distrito Nacional concluya la investigación violentando el debido proceso.
La extinción de la acción penal fue planteada a través del abogado doctor José Rafael Ariza, tras alegar que han transcurrido ocho meses sin que el Ministerio Público presente la acusación en su contra y que ya se vencieron los plazos.
La magistrada indica además que la acción penal se extingue por vencimiento del plazo máximo de duración del procedimiento preparatorio sin que el Ministerio Público haya formulado la acusación.
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