Apresan a Toño Leña en Venezuela

Ramón Antonio de Rosario Fuentes ( Foto: Fuente Externa )

Funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) detuvieron a un ciudadano dominicano solicitado en su país por el delito de tráfico ilícito de drogas, informó el ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia, Tareck El Aissami.

El detenido, de nombre Ramón Antonio de Rosario Fuentes, de 41 años de edad, fue detectado por las autoridades venezolanas en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, en el estado Vargas, a donde llegó presuntamente con identidad falsa desde República Dominicana y se dirigía a Colombia.

De Rosario estaba solicitado con calificación roja por tráfico ilícito de drogas, concierto para delinquir y lavado y legitimación de capitales, indicó El Aissami en contacto telefónico con Venezolana de Televisión.

“Es uno de los hombres más buscados por las autoridades dominicanas, responsable de las principales organizaciones criminales que operan en el Caribe, y además está vinculado a organizaciones criminales que trafican drogas hacia Estados Unidos y Europa”, señaló.

Esta detención se produce a pocas horas de que Venezuela y República Dominicana firmaran un acuerdo de cooperación para la lucha contra el narcotráfico y como parte del Plan Nacional Antidrogas.

Con este ciudadano suman siete los jefes del narcotráfico que han sido capturados en territorio venezolano y que, como el resto, será deportado hacia el país que lo requiera. Para ello, ya las autoridades venezolanas y dominicanas están realizando la coordinación necesaria para la deportación.

Incautan apartamentos Figueroa Agosto incluido uno del coronel González

La Fiscalía del Distrito Nacional incautó este jueves siete bienes inmuebles, presuntamente propiedad del fugitivo narcotraficante boricua José. D. Figueroa Agosto, entre los que se encuentra un apartamento donde vivía el asesinado coronel José Amado González González, ubicado en el condominio Torre Serena, en la avenida Anacaona, Mirador Sur.

En los últimos días, la Fiscalía del Distrito Nacional ha incautado varios bienes inmuebles, entre los que figuran dos villas en Casa de Campo. Con esto se elevan a doce las propiedades incautadas por el sonado expediente. En el Distrito Nacional hay seis residencias que están bajo secuestro, en sectores exclusivos.

Entre las propiedades incautadas también está una porción de terreno de 3 mil 203 metros cuadrados, en Casa de Campo, adquirido por las empresas Brangane Enterprise, S.A. y Mount Investment, S.A.

También la Villa Cajuil No. 33 del complejo turístico, edificada sobre una porción de terreno de mil 262 metros cuadrados, comprada por la empresa Shaolín Investment, S.A. Una en villa Rancho Arriba No.1, ubicada en 209.93 metros cuadrados, a nombre de dicha empresa.

Asimismo una casa de dos niveles situada en el municipio Los Llanos, San Pedro de Macorís, construida en unos terrenos de una extensión superficial de mil 200 metros cuadrados y un apartamento en el proyecto turístico Brisa Marina, de Juan Dolio.

También una casa de dos niveles ubicada frente al Club de Arroyo Hondo, con una extensión de 598 metros cuadrados.

Declaran inadmisible solicitud Mary Peláez y Sammy Dauhajre

La jueza del Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional declaró este jueves inadmisible la solicitud de extinción de la acción penal interpuesta por Mary Peláez y Sammy Dauhajre, sindicados por las autoridades como parte de la red del narcotráfico que integraba el capo boricua José Figueroa Agosto.

Clara Luz Almonte Gómez rechazó la solicitud por considerarla extemporánea, “pues no se trata del momento procesal para tal solicitud”.

Indica que en su decisión que “siempre y cuando se haya intimado al Ministerio Público y haya expirado el plazo de los diez días consagrado en el articulo 151 del Código Procesal Penal” entonces si procedía solicitar la extinción de la acción penal.

Peláez y Dauhajre sostienen que están presos desde el 6 de septiembre del 2009 y que llevan ocho meses tras las rejas sin que la Fiscalía del Distrito Nacional concluya la investigación violentando el debido proceso.

La extinción de la acción penal fue planteada a través del abogado doctor José Rafael Ariza, tras alegar que han transcurrido ocho meses sin que el Ministerio Público presente la acusación en su contra y que ya se vencieron los plazos.

La magistrada indica además que la acción penal se extingue por vencimiento del plazo máximo de duración del procedimiento preparatorio sin que el Ministerio Público haya formulado la acusación.